PAMIF y PTME tras la Directriz de 2026: qué exige la norma y cuántos municipios siguen sin plan

Qué cambia con la Directriz Básica de 2026

En abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la actualización de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales, publicada como Resolución de 23 de abril de 2026 en el Boletín Oficial del Estado. La nueva directriz revisa el marco fijado por el Real Decreto 893/2013 y refuerza el análisis del riesgo, la alerta temprana y la coordinación entre administraciones, según los avances informativos del MITECO, que a cierre de julio de 2026 cifraba en más de 180.000 las hectáreas quemadas y en 38 los grandes incendios forestales del año, seis veces más que en la misma fecha de 2025.

PTME y PAMIF no son el mismo plan

La actualización de 2026 no cambia una distinción de fondo que sigue generando confusión entre administraciones: el Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME) y el PAMIF no son intercambiables.

• El PTME es el plan básico y obligatorio para todos los municipios, con independencia de su riesgo de incendio: organiza la respuesta ante cualquier tipo de emergencia y define la estructura organizativa municipal, incluido el CECOPAL.
• El PAMIF es un plan específico centrado exclusivamente en el riesgo de incendio forestal, que desarrolla en detalle la prevención, la respuesta y la evacuación ante ese riesgo concreto.
• El PAMIF se integra dentro del PTME como plan especial o anexo operativo: un municipio puede cumplir la ley sin PAMIF si no está en zona de alto riesgo, pero nunca sin PTME.

Cuándo es obligatorio el PAMIF

La obligatoriedad del PAMIF no es uniforme en todo el territorio: depende de la clasificación de riesgo que fija cada comunidad autónoma en su propio plan especial de incendios forestales (INFOCA, INFOCAT, INFOMA, INFOCAM y equivalentes). Los municipios identificados como prioritarios o de riesgo alto están obligados a disponer de un PAMIF aprobado, obligación que deriva del Real Decreto 893/2013 y de su actualización de 2026. En los de riesgo medio, la elaboración suele ser recomendable, con exigencias variables según la comunidad autónoma; en los de riesgo bajo no suele exigirse un PAMIF específico, aunque sí medidas básicas de planificación. El plan, además, debe integrarse con los planes de autoprotección de las actividades situadas en el municipio, regulados entonces por el Real Decreto 393/2007. La determinación del nivel de riesgo corresponde al órgano autonómico competente en protección civil, por lo que la obligación no debe darse por hecha de forma genérica: hay que comprobarla en el plan autonómico aplicable.

Qué debe incluir un PAMIF, según el Real Decreto 893/2013

Más allá de las particularidades autonómicas, la Guía del MITECO para el desarrollo del PAMIF y el Real Decreto 893/2013 coinciden en un contenido mínimo:

• Identificación del municipio y clasificación de sus zonas según riesgo de incendio.
• Análisis de riesgo: mapas de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo resultante, e Índice de Gravedad Potencial.
• Organización operativa: director del plan (alcalde o alcaldesa), equipo de coordinación municipal y CECOPAL.
• Inventario de recursos: medios humanos, maquinaria, puntos de agua, vías de acceso y zonas de refugio.
• Protocolos de activación, alerta y evacuación, coordinados con los planes autonómicos y estatales.
• Revisión periódica —mínimo cada cinco años— y un calendario de formación y simulacros anuales.

El mapa del incumplimiento, comunidad por comunidad

La brecha entre la obligación normativa y la implantación real es, según distintas fuentes, uno de los puntos más débiles del sistema. Greenpeace España sitúa en el 80% los municipios en zonas de alto riesgo de incendio que no cuentan con planes de emergencia. Los datos por comunidad autónoma dibujan un panorama similar:

• Castilla y León: 701 municipios en "riesgo máximo" carecen del plan obligatorio desde 2013, y solo 150 (el 21,4 %) han iniciado los trámites, según ecoticias.com.
• Galicia: 178 concellos no disponen de plan de actuación ante el riesgo de incendios forestales, según GaliciaPress.
• Extremadura: una auditoría del Tribunal de Cuentas detectó 55 municipios de alto riesgo sin plan periurbano de prevención, de los que 43 desconocían siquiera si disponían de uno.
• Andalucía: 593 municipios catalogados en peligro de incendio, pero solo 139 (el 18 %) cuentan con Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (PLEIF) aprobado, según la Junta de Andalucía. Los Gallardos (Almería), el municipio donde un incendio forestal causó 13 víctimas mortales en julio de 2026, era uno de los que carecía de plan local.

Mantener el plan vivo, no solo aprobado

Aprobar un PAMIF no cierra la obligación: el Real Decreto 893/2013 exige revisarlo al menos cada cinco años, y la Guía del MITECO insiste en actualizarlo ante cualquier cambio significativo del territorio —nuevos accesos, hidrantes, urbanizaciones— y en sostener un calendario de formación y simulacros. La Fiscalía de Medio Ambiente ya remitió en su día un requerimiento a más de 150 municipios españoles recordándoles esta obligación, según la investigación de Civio. En la práctica, la distancia entre tener un plan aprobado y tener un plan realmente vivo —con la información actualizada y accesible para todos los servicios el día que hace falta— es tan relevante como la propia obligación de redactarlo. Centralizar esa información en una única plataforma consultable en tiempo real es el terreno en el que opera Comacon, de Osprean.